Cambio Impositivo

3. nov., 2020

Autor: Héctor R. Morano

El sistema tributario argentino está colapsado. Coexiste una deficiente base de alcance tributario con un peor sistema de distribución. Esto es producto de muchos años de desorden en el gasto público, que derivó en un inapropiado y desordenado sistema recaudación fiscal.

 

Nuestro país, decididamente federal por mandato constitucional, no demuestra serlo integralmente con el sistema impositivo, no lo es aun cuando la misma constitución regula sobre éste. Esto trae muchos y graves inconvenientes sobre el desarrollo económico.  Parece grandilocuente, pero no lo es, ya lo veremos en el desarrollo de este trabajo.

 

Debemos comenzar el análisis partiendo de la misma Constitución Nacional, vigente desde 1994, que en el artículo 75, en la parte pertinente, dice lo siguiente:

 

“Corresponde al Congreso:

1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación.

2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables.
Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.
La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente
de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Decididamente, se avanza de manera notable respecto de las Constituciones Nacionales de 1853; 1949 y 1957. Los puntos diferenciales destacados son:

a)      Dar atribución al Estado Nacional para imponer contribuciones indirectas. Haciéndolo como facultad concurrente con las provincias.

b)      Permitir la asignación total o parcial de algunas contribuciones de manera específica.

c)      Dar mandato para la sanción de una ley de coparticipación nacional.

Sólo para que se entienda el análisis, debo aclarar el concepto de contribuciones directas e indirectas:

a)      Contribuciones directas: Son las orientadas hacia la obtención y tenencia de riqueza y a la obtención de rentas. (Ej. Impuesto a las Ganancias e Impuesto a los Bienes Personales).

b)      Contribuciones indirectas: Son las orientadas hacia el consumo, la circulación de riqueza y la transmisión de bienes y derechos. (Ej. I.V.A., Ingresos Brutos, Sellos y otros).

Aclarado esto,  cuando la Constitución establece la “facultad concurrente” de establecer contribuciones indirectas, está permitiendo la coexistencia de I.V.A. e Ingresos Brutos. El primero por la Nación y el segundo por las Provincias. En el caso del I.V.A., la Constitución no hace más que regularizar una situación de hecho que venía desde 1975; cuando comenzó a regir la ley 20631.   

Sin entrar en más detalles históricos sobre los cambios producidos y las condiciones no cumplidas, se puede advertir que, la actual normativa fiscal propendió a otorgarle más recursos a la Nación con la condición de que después los repartiera equitativamente entre las provincias. Aquí nace el principio de la discrecionalidad y la sobrecarga impositiva.

 

Con el correr del tiempo, la Nación comenzó a gastar más y necesitó  de más recursos, allí es cuando  ejerció más presión tributaria vía cambios de tasas del I.V.A. y actividades alcanzadas y creación de nuevos impuestos. Las Provincias, que también comenzaron a gastar más, no sólo no cumplieron con el compromiso de eliminar el Impuesto a los Ingresos Brutos, sino que, también aumentaron sus impuestos. En todo este entramado, nunca sancionó la Ley de Coparticipación Federal, creándose el sistema de distribución previsto en la Ley 25570; de difícil explicación para este caso.  A todo esto, las Provincias no resignaron su propia recaudación. Como conclusión, aumentó la carga impositiva para los contribuyentes.

 

Este aumento de la carga fiscal no lo es todo. Las Provincias se avinieron a recibir transferencias del Estado Nacional en medida superior a sus propios recursos. Hay varios casos provinciales donde el ingreso obtenido por distribución del Estado Nacional es muy superior al propio. Es por eso que, en muchas de ellas, el sector productivo privado no avanzó y el gasto público creció considerablemente. Actualmente existe una severa puja entre las Provincias productivas y las que no lo son, porque las primeras terminan subsidiando a las segundas con el argumento “inválido” de una solidaridad mal entendida.

 

Veamos ahora, para algunas Provincias, un cuadro de la participación del ingreso coparticipado respecto del propio.

  

PROVINCIA

%

C.A.B.A.

27

Neuquén

42

Buenos Aires

50

Córdoba

60

Mendoza

61

Santa Cruz

67

Río Negro

70

Tierra del Fuego

71

Tucumán

72

Entre Ríos

73

Santa Fe

74

Salta

76

San Luis

79

San Juan

85

Jujuy

87

Chaco

87

Catamarca

90

La Rioja

91

Formosa

93

                                         Fuente CEPA 2019 en base a Minist. De Economía

 

Queda claro que, para la mayoría las provincias, existe una alta dependencia de la recaudación nacional. He aquí el principio del problema. Esto atenta contra el verdadero federalismo. Es como el caso del hijo/a que se va a vivir solo/a pero los padres le pagan el alquiler del departamento ¿Se puede decir que se independizó? Obviamente que no, pero, se puede acostumbrar a esa dependencia, mientras los padres tienen que conseguir más ingresos para solventar ese gasto.

 

Si volvemos al enunciado del Art. 75 de la Constitución Nacional, veremos que, en el caso de las contribuciones directas e indirectas, le asigna un destino específico cuando dice: “siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan”. Queda claro que, se le da al Estado Nacional un rol de administración de la cosa pública que cada Estado Provincial no podría dar de manera particular. Es como decir que, pagamos las “Expensas” para tener una buena administración nacional.

 

Vemos que los roles están invertidos. A cambio de que las Provincias recauden y paguen al Estado Nacional por su rol administrador, es el Estado Nacional quien recauda para subsidiar a las Provincias. Este es el centro del problema. Si volvemos al ejemplo del hijo/a que se va a vivir solo/a, mientras los padres le paguen el alquiler, estará cómodo/a y será renuente a conseguir el ingreso para hacerse cargo del mismo.

 

La consecuencia de este esquema es que, desde larga data, hay Provincias que no progresaron en su desarrollo y diversidad productiva, con la intención de generar más recursos propios. Adicionalmente, la situación se agrava cuando, por ello, sus habitantes no encuentran un grado de confort y se ven obligados a migrar, conseguir un empleo público para tener seguridad económica o permanecer en un estado de pobreza indeseable.

 

Las migraciones, en la mayoría de los casos, son hacia destinos más productivos. Esto, con el tiempo, termina complicando la situación social de esos destinos. Por ello, socialmente, es más conveniente el desarrollo local.   

 

La propuesta final es que sean las Provincias quienes produzcan y recauden la mayor parte de sus ingresos y participen al Estado Nacional para que, en carácter devolutivo, les preste el servicio que le asigna la Constitución Nacional. Este cambio debe ser programado en el tiempo, porque no será fácil implementarlo después de tantos años de mala administración. Hay que tratarlo modificando integralmente el actual esquema fiscal y dar participación al Consejo Federal de Inversiones para que monitoree su evolución.